El pasado 11 de junio se constituyeron los ayuntamientos en todo el Estado. En el momento de prometer el cargo de concejal te tienes que comprometer a dos cosas: la primera es garantizar “lealtad al Rey”, y la segunda “guardar y hacer guardar la Constitución Española”.
Por estos dos motivos procedí a utilizar la fórmula de prometer por “imperativo legal”, pues se me planteaba un problema: ¿Cómo voy a prometer lealtad al Rey, cuando nunca he ocultado que pretendo conseguir su jubilación, y la desaparición de su cargo para sustituirlo por uno democrático?
En mi condición de republicano, creo que tengo que aprovechar la más mínima oportunidad para romper el cerco mediático que imponen los grandes medios informativos con respecto a la Casa Real. Cerco mediático, pero también judicial, ya que los artículos 490.3 y 491.2 del Código Penal tipifican como delitos las injurias o la utilización de la imagen del Rey o cualquier miembro de la Casa Real “de cualquier forma que pueda dañar la imagen de la Corona”. Esta situación se ve agravada por la impunidad jurídica recogida en el artículo 56.3 de la Constitución (en donde se subraya que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad).
Yo me he visto obligado a prometer lealtad al Monarca, pues se trata de una exigencia y una obligación que me impone la ley. Probablemente más presionado que cuando él juró lealtad a los principios del Movimiento, cuando fue nombrado heredero del régimen franquista. Se utilizó la fórmula de “cambiar todo para que nada cambie”. Se reviste al régimen de un carácter democrático, mientras que las grandes fortunas de España no son tocadas en ningún momento.
La relación de la Casa Real y los grandes empresarios son un hecho contrastado: Juan Miguel Villar Mir, Ruíz Mateos, Javier de la Rosa o Manuel Prado, son solo unos pocos ejemplos. De hecho, estos dos últimos estuvieron involucrados junto al monarca en un escándalo en el que se evaporaron 108 millones de euros de Kuwait en concepto de favores políticos a las dictaduras árabes. Pues la relación del monarca con estas dictaduras árabes es palpable. Nuestro Jefe del Estado no tiene ningún remilgo al recibir a miembros de la Casa Real Jordana, Marroquí, a los reyes del Reino de Tailandia, al Monarca de Bahrein, etc.
Es por esto por lo que me he visto con la obligación de utilizar el “imperativo legal” para prometer lealtad al monarca. Para un artículo de opinión aparte sería el caso de la Constitución Española, que es tan alabada en algunos momentos, y tan silenciada en otros, como lo que dice el artículo 128 que garantiza que se puede intervenir “en empresas cuando lo exija el interés general” (como pudiera ser el caso de AVICU, PROGALSA, y otras tantas empresas rentables). O el artículo 48 que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna…
- Un Rey golpe a golpe: biografía no autorizada de Juan Carlos I de Borbón. Autor: Patricia Sverlo (Pseudónimo). Editorial Arakatzen, S.L. (Bilbao).
- Soberanos e intervenidos. Joan E. Garcés. Editorial Siglo XXI Editores S.A.
Mario Bueno Aguado, Concejal de IU en el Ayuntamiento de Yunquera de Henares
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