Daniel Martínez, Coordinador regional de IU, considera “un error empeñarse en eliminar instituciones que resultan de gran utilidad social y democrática y no suponen ejemplos de excesos de nuestro modelo autonómico”.
(Toledo, 28 de junio de 2011). Una vez conocemos la configuración formal, la estructura y los nombres que van a encabezar cada una de las consejerías del nuevo de Gobierno de Castilla-La Mancha, Izquierda Unida ha trasladado la necesidad de reconsiderar la medida anunciada por Mª Dolores Cospedal de suprimir, entre otras, las instituciones del Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha.
Según Daniel Martínez “se trata de dos organismos públicos que no se pueden considerar como ejemplo de exceso de maquinaria institucional de nuestro modelo autonómico, ni de duplicidad o multiplicación de las estructuras estatales, ya que cumplen una función específica y poseen una utilidad social de la que no se debe prescindir”. “El deterioro y la mala gestión que hayan podido sufrir estas instituciones, no pueden servir de coartada para cargárselas, ni para evitar el control necesario de la actividad de las administraciones públicas frente los ciudadanos”, añadió Martínez.
El Consejo Económico y Social resulta necesario para el mantenimiento de un marco estable y permanente de dialogo entre los agentes económicos y sociales y la propia administración, además de cumplir una función consultiva, de asesoramiento y participación en materia económica, social y laboral.
El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha realiza un trabajo esencial de control de la actuación de la administración ante los ciudadanos. Se trata de una institución pública para la protección y defensa de los derechos y libertades, individuales y colectivas y encargada de supervisar la actividad de la administración.
IU defiende la continuidad de la Institución del Defensor del Pueblo, de forma autónoma e independiente, como órgano de control y defensa de los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de las administraciones públicas. En cuanto al CES, se trata de un órgano necesario a efectos consultivos y de dialogo social.
En cuanto a la organización y estructura del nuevo Consejo de Gobierno.
Daniel Martínez también se ha querido referir a la organización y la estructura elegida por Cospedal para el nuevo gobierno regional, calificándolo de “continuista” en cuanto a la división en siete consejerías ya existentes con anterioridad, aunque algunas cambien su denominación. Igualmente se sigue echando en falta un mayor peso de dos áreas fundamentales como son medio ambiente e industria.
Por otra parte, Martínez espera que la estructura provincial del gobierno no dificulte la eficacia necesaria para garantizar y prestar de forma adecuada los servicios a los ciudadanos.
