MOCIÓN CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN PÚBLICA

MOCIÓN: SOBRE LOS RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde Izquierda Unida venimos defendiendo y reivindicando un modelo educativo que tenga la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo, democrática, laica, inclusiva, garante de la superación de las desigualdades de partida del alumnado, cogestionada con autonomía por toda la comunidad educativa, comprometida con el medio local y global, y centrada en la formación ciudadana.

El mejor modo de garantizar el ejercicio del derecho a la Educación en condiciones de calidad y de igualdad pasa por defender un sistema público de enseñanza que esté al servicio de las necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades y de los valores democráticos.

Por el contrario, el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, anunciado el 31 de agosto y cuya aplicación ha comenzado en el inicio de este curso escolar, representa un ataque brutal y sin precedentes contra la enseñanza pública en Castilla La Mancha.

Además, supone una destrucción de empleo sin parangón en el sector, una agresión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y el deterioro de la calidad y equidad de la educación pública.

Este plan de recortes, principalmente, conlleva el despido de miles de trabajadoras y trabajadores y el recorte de derechos laborales del profesorado. Pero además de un conflicto laboral o del personal educativo, estamos ante un conflicto social de gran envergadura que afecta a toda la sociedad de Castilla – La Mancha y a su futuro.

Los recortes educativos del gobierno de Cospedal, sin precedentes en Castilla La Mancha, suponen el acoso y derribo de la educación pública ya que afectan directamente a la calidad de la enseñanza y a la igualdad de oportunidades. También reducen las partidas de gasto de funcionamiento de los centros públicos, suprimen las ofertas de empleo público y prohíbe la contratación de profesorado interino. De forma inmediata, 927 profesores y profesoras se han quedado en el paro, y en cursos sucesivos será desplazado el profesorado en expectativa, comisión de servicios o concursillo hasta consumar la reducción de aproximadamente un 10% de los cupos de cada centro. Este desmantelamiento de la educación pública por parte del gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, del Partido Popular, se ha visto facilitado por la existencia de una bolsa de alrededor de un 30% de interinos en la educación pública que el anterior gobierno se empeñó en mantener, al no dar cobertura a plazas con un carácter estructural de forma definitiva.

En adelante, los profesores y profesoras tendrán un alumnado más numeroso y menos tiempo para atenderlo. Como consecuencia directa de todo lo anterior, se agrandarán las desigualdades sociales, creando una educación segregada entre estudiantes, se dificultará el acceso a la formación y se condenará al ostracismo a futuras generaciones de jóvenes en esta región.

            Llama la atención que todos los recortes se centran en la escuela pública. Los centros concertados, no sufren ningún recorte, lo que demuestra sin ningún género de dudas, cual va a ser la apuesta del actual Gobierno Regional.

             

En base a lo anterior proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

·         Trasladar al gobierno de Castilla-La Mancha, en concreto, a la Consejería de Educación nuestro rechazo y denuncia por los recortes planificados en la enseñanza pública, ya que repercuten negativamente en la calidad y equidad  educativa, destruyen empleo, no respetan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y suponen una agresión a uno de los pilares básicos de nuestro estado social y democrático: la educación pública.

·         Exigir al gobierno regional que rectifique las actuales políticas de recortes de la inversión en la enseñanza pública y establezca medidas eficaces para superar los elevados porcentajes de abandono y fracaso escolar. También,  la apertura de un proceso para alcanzar un pacto social y político en Educación que tenga en cuenta a todos los sectores de la comunidad educativa (administración, profesorado, alumnado, padres y madres, sindicatos, etc.) y a las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha con representación institucional en los Ayuntamientos y Diputaciones.

·         Solicitar a los responsables de la Consejería de Educación que reconsideren su posición respecto a la eliminación del proyecto bilingüe conjunto del Ministerio y British Council que se desarrollo en siete centros docentes de Castilla-La Mancha.

·         Mantener y potenciar los Centros de Profesores como organismos imprescindibles en la formación permanente, tanto científica como pedagógica, del profesorado.

·         Manifestar el apoyo a las movilizaciones sindicales convocadas en Castilla-La Mancha contra  los recortes de los servicios sociales básicos.

En Yunquera de Henares, a 29 de septiembre de 2011.

MOCIÓN DACIÓN EN PAGO

MOCIÓN: SOBRE LA DACIÓN EN PAGO DE LA HIPOTECA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en España se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.

Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

Esta legislación, que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación, no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios, hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.

Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión). así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.

Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente

Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aun más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal, planteo al Pleno la aprobación de la siguiente

ACUERDOS:

Primero.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales y políticas, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.

Segundo.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.

Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados o vecinales u otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las Asociaciones Vecinales del Municipio.

En Yunquera de Henares, a 28,  de septiembre de 2011.

Moción paralización de las obras del Hospital Provincial

MOCIÓN: CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

            El llamado eufemísticamente Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla la Mancha presentado el 31 de agosto, se está manifestando como lo que es: un plan de recortes de los Servicios Públicos que va a afectar a la población con menos capacidad económica de nuestra región.

            Dicho Plan pone blanco sobre negro a qué se refería el Gobierno Regional cuando al inicio de su mandato manifestó su intención de recortar todos aquellos gastos que no se considerasen prioritarios. Cabe deducir con este plan, que ni la Educación Pública, ni tampoco la Sanidad Pública son gastos prioritarios para el Gobierno Regional, como así podemos comprobar tras anunciar las primeras medidas.

            En materia educativa ya conocemos lo que esto supone para la provincia de Guadalajara. A los recortes en Educación Pública que se están llevando a cabo en el conjunto de la región hay que sumar la paralización de las obras del Campus Universitario de Guadalajara, que tampoco es prioritario para el Gobierno Regional, lo que conjuntamente va a suponer un deterioro en la misma y se apunta a un modelo educativo que va a generar más desigualdades sociales de todo tipo.

            Siendo preocupantes estos recortes en Educación Pública que van a afectar al desarrollo futuro de nuestra región y de sus jóvenes, es muy preocupante el anuncio de paralización de otra obra que es prioritaria para Guadalajara, aunque no para el Gobierno Regional. Nos referimos a la ampliación del Hospital General.

            La paralización de estas obras, imprescindibles para una provincia que cuenta ya con más de 250.000 habitantes, se anunció al hilo del plan de recortes del Gobierno Regional y lo concretó el pasado día 14 de septiembre el Consejero de Sanidad, Sr. Echaniz, cuando dijo que se paralizaría todo 2011 y dejó entrever que lo más probable es que también siga paralizada dicha obra en 2012.

            Las consecuencias de la paralización de las obras de la primera infraestructura sanitaria de la provincia de Guadalajara durante 2011 y probablemente durante 2012, es un ataque a la línea de flotación de la Sanidad Pública, supone el empeoramiento de la asistencia hospitalaria en nuestra provincia, y que evidentemente afectará a Yunquera. En definitiva, un recorte inadmisible en este Servicio Público esencial.

La paralización de las obras supone, además, prolongar por más tiempo los problemas de movilidad que se producen en el recinto del Hospital General y en su entorno, al mantener paralizadas las obras durante tanto tiempo, sin que se hayan tomado medidas efectivas respecto al acceso, tanto desde la vía de servicio de la A2, que se retrasará, como desde al actual, que seguirá empeorando. También empeorará lo relativo al estacionamiento de vehículos ya que las medidas tomadas hasta el momento son absolutamente insuficientes. Hay que recordar que IU junto con CC.OO. hizo una propuesta en este sentido, que no ha sido tenida en cuenta ni por éste ni por el anterior gobierno regional.

La paralización de las obras por tanto tiempo va a producir también un importante deterioro en la parte de obra que ya está ejecutada, lo que va a generar un coste mayor de la misma, siendo por tanto, la decisión política de paralizar estas obras de todo punto irracional y lesiva para el interés público, tanto por el empeoramiento del propio servicio sanitario como en términos puramente económicos.

Por otra parte, si unimos las declaraciones efectuadas por el Consejero, de colaboración entre la sanidad pública y la privada, con la paralización de las obras y la reducción de personal que anunció, el proceso de privatización de la Sanidad Pública va a ser imparable en Castilla la Mancha, como lo está siendo en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP.

En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente

MOCIÓN:

            Que el Ayuntamiento de Yunquera de Henares inste al Gobierno de la Junta de Comunidades a continuar con las obras de ampliación del Hospital General de Guadalajara, por ser estas prioritarias tanto para la provincia como para nuestra ciudad.

            Que dichas obras se lleven a cabo mediante un sistema que garantice una gestión directa de la Sanidad Pública por el SESCAM.

En Yunquera de Henares, a 28 de septiembre de 2011

Manifestación en Madrid el 6 de septiembre contra el Reformazo de la Constitución

MANIFESTACIÓN EN MADRID EL PRÓXIMO MARTES DIA 6 DE SEPTIEMBRE

CONTRA EL REFORMAZO CONSTITUCIONAL

A LAS 18:00 HORAS - RECORRIDO:  CIBELES A SOL

¡Mojate por el autismo!

Desde el Rincón Lento nos mandan esta noticia:


Mójate por el autismo! es un día para solidarizarnos con el autismo.
Es mañana, sábado día 3 de septiembre, en la piscina de Yunquera de Henares

de 11 de la mañana a 20 de la tarde.

La entrada es de 3 €, tanto niños como adultos, y la totalidad de lo recaudado es 

para la asociación APANAG. http://www.apanag.es/indice/noticias-apanag.htm

Cruz Roja hará talleres por la mañana, y nosotros también haremos un taller infantil: 

* "Mariposas recicladas", a las 12'00h  

A mediodía, gente del Rincón lento proponemos comer de bocata en la Virgen de la 

Granja, para coger energías para las actividades de la tarde, a cargo de "Imagina", 

que organizará talleres y nosotros mismos, que realizaremos éste tan divertido:

* "Pintar con los pies" a las 18h.

Durante toda la jornada se intentarán hacer 20.000 m de natación, con la gente que 

acuda. Habrá rifas de productos para perros... vamos ¡que no te lo puedes perder!

¡MÓJATE POR EL AUTISMO!

1 de Septiembre: Concentración contra el reformazo de la constitución en Guadalajara 19:00

El 1 de septiembre las 19:00 en la subdelegación del gobierno de Guadalajara.